María Trinidad Sánchez.- El Juzgado de la Instrucción de esa provincia dictó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de tres hombres acusados de quitarle la vida a tres ciudadano extranjeros para despojarlos de sus pertenencias.

La medida de coerción fue dictada en contra de Jesús María De La Cruz Guzmán, Joel Manuel Almonte (El Gago) y Adolfo Polanco Rosario (Rodolfo).

Contra un cuarto implicado en el caso, identificado como Wendiso Marino Martínez Medrano, quien supuestamente les  habría comprado a los citados imputados una yipeta propiedad de una de las víctimas, le fue impuesta como medida de coerción la presentación periódica ante el Ministerio Público cada quince días.

Según lo establecido en el expediente, los imputados supuestamente le quitaron la vida a los señores Robert Thomas Torkarz (ciudadano americano) y a la holandesa Audrey Jamine Tromp, luego que le propinaran una golpiza tras penetrar a su residencia con fines de perpetrar un robo. Los cadáveres de ambos fueron encontrados en el lugar del hecho tres días después de la ejecución del mismo.

De igual manera se le atribuye el asesinato de la canadiense Lynn Margaret Sabloff, quien fue reportada como desaparecida el pasado 9 de enero, siendo encontrado su cadáver en estado de descomposición hace aproximadamente dos semanas en una zona del municipio de Cabrera.

Durante los allanamientos las autoridades confiscaron la yipeta que habría comprado Martínez Medrano, así como una cadena de oro que le fue robada a la víctima Robert Thomas y que había sido empeñada en una compraventa de Gaspar Hernández.

Asimismo, han sido decomisados una pistola, una caja fuerte, una computadora y dos laptops.

La Procuraduría Fiscal de la provincia María Trinidad Sánchez, bajo la dirección de la titular Agustina Castillo, profundiza las investigaciones que están a cargo de los procuradores fiscales Odalis Mercado Morris y Víctor Moreno Peguero.

A raíz de la investigación iniciada en el caso Robert Thomas y Audrey Jamine, se pudo determinar la vinculación de ambos casos, estableciéndose que ocurrieron en una misma zona de dicho municipio y con el mismo modo de operación.

El Ministerio Público le ha dado al caso la calificación jurídica de asociación de malhechores, robo con violencia y asesinato, acciones que son sancionadas por los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 302, 379, 381, 384, 385, 386 y 390 del Código Penal Dominicano.

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