La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en atribuciones de Juez de los Referimientos ordenó la revocación del embargo o la oposición a pagos realizada a las cuentas del Procurador y exmiembros del Consejo Superior del Ministerio Público.

La oposición a pago había sido hecha por una exintegrante del Ministerio Público que ha sido acusada por la Procuraduría General de la República de recibir un soborno por un valor de medio millón de pesos en una operación alegadamente vinculada al narcotráfico.

El pasado viernes el Tribunal Superior Administrativo además rechazó en cuanto al fondo la solicitud de liquidación de astreinte interpuesto por la exfiscal de San Pedro de Macorís, Soraine Asunción Vargas Molina, contra el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y los exintegrantes del Consejo Superior del Ministerio Público, magistrados Moisés Ferrer, Víctor González, Lucas Evangelista Pérez y Kelvin Santana, quienes formaban parte del alto organismo en el año 2012.

Con relación a este caso el Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión de amparo interpuesto por la Procuraduría Administrativa en contra de la sentencia 212-2013 que dispone su restitución en el cargo y de solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia que ordena el pago del astreinte.

El Ministerio Público ha sido instruido para que pida la pena máxima que se impone en estos casos, que es de 20 años de prisión, por los graves hechos de corrupción de la cual está acusada la exintegrante de la Fiscalía de San Pedro de Macorís.

Esta oposición o embargo afectó las cuentas en las cuales se depositan los salarios de los miembros del Ministerio del Público integrantes del pasado Consejo Superior del Ministerio Público, por valores que oscilan entre 200 mil y 300 mil pesos, según los casos.

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