El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó que han iniciado la investigación criminal en torno a los jueces destituidos por el Poder Judicial, y que ha apoderado de este caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Domínguez Brito aseguró en ese sentido, que han iniciado los procedimientos necesarios que permitirán en el menor tiempo posible, concluir la investigación criminal y presentar acusación formal contra los jueces destituidos, garantizando que llegarán hasta las últimas consecuencias y que pedirán las sanciones penales acorde a los delitos cometidos.

El máximo representante del Ministerio Público valoró como positiva la decisión de Consejo del Poder Judicial que destituye a los exjueces Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía, luego de realizar un juicio disciplinario, reiterando todo el apoyo a ese órgano de alto mando judicial, considerando que “los que tenemos la responsabilidad hacer cumplir las normativas y que se establezca el impero de la ley, estamos compelidos cada día a trabajar con entereza, pulcritud y rigurosidad, teniendo como principios los valores éticos y profesionales.”

Agregó que “ha sido una decisión oportuna, se marca un paso de avance muy importante contra la impunidad y la indiferencia en los casos de corrupción, es una respuesta muy acertada dentro de los esfuerzos que estamos llevando a cabo para garantizar una mejor administración de justicia”, apuntó.

Recordó que estos jueces fueron investigados tras una solicitud que él mimo hiciera meses atrás al presidente de la Suprema Corte de Justicia, aportando el Ministerio Público pruebas fehacientes de que los mismos conformaban una red que manejaba toda una mafia que se dedicaba a negociar sentencias para favorecer a imputados acusados de delitos graves, muy específicamente, relacionados a casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.

El Procurador General destacó que la mayoría de las sentencias otorgadas por los jueces destituidos han sido apeladas por el Ministerio Público, muchas han sido revocadas, y dijo esperar que todas corran la misma suerte.

“Ha sido relevante y trascendental que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, haya asumido personalmente la dirección de la investigación en este caso, atendiendo nuestro requerimiento”, expresó.

Al mismo tiempo, resaltó que el Dr. Germán Mejía ha asumido con responsabilidad el desmonte de ese entramado criminal.

“Llegaremos hasta donde tengamos que llegar, hasta nos permitan llegar las evidencias en nuestro poder y las que se puedan conseguir en el transcurso de esta investigación criminal”, manifestó.

El magistrado Domínguez Brito ofreció la información durante una rueda de prensa en la Procuraduría General de la República, donde estuvo acompañado de la titular de la PEPCA, Laura Guerrero Pelettier.

El Consejo del Poder Judicial, que preside el Dr. Mariano Germán Mejía, a través de su Resolución 07/2016, declaró buenas y válidas en cuanto a la forma, las denuncias para dar apertura al juicio disciplinario por parte del Procurador General de la República contra los exjueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, y del exjuez de la  Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía.

La resolución del máximo organismo del Poder Judicial establece que en este caso se pudo apreciar la inobservancia por parte de los procesados de lo dispuesto en el artículo 66, numeral 2do., de la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial y además es de criterio que los jueces destituidos violentaron prohibiciones constitucionales y legales que han perjudicado al Poder Judicial y a sus jurisdicciones, incurriendo en la comisión de faltas graves que constituyen un descuido inaceptable y hechos voluntarios contrarios a la ética, y que por lo tanto, se justifica que los mismos sean sancionados en orden a la preservación de la moralidad profesional e institucional que debe regir a todos los miembros del Poder Judicial Dominicano.

Los exjueces son acusados de violar los artículos 41, numeral 3, y 65 numeral 1, artículo 66 numeral 1 de la Ley 327-98 de Carrera Judicial, y los Principios de Comportamiento Ético del Poder Judicial, creado mediante la Resolución No. 2006-209, de fecha 30 de junio del 2009, sobre Conciencia Funcional e Institucional, Integridad, Lealtad y Transparencia, y los artículos 5, 6, 8 y 21, 7, 10, 13, 53 y 54 del Código Iberoamericano de Ética Judicial.

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