El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, valoró como positiva la apertura a juicio en contra del exalcalde de La Romana y otros cuatro imputados del ayuntamiento, acusados de malversar alrededor de 200 millones.

La magistrada Miguelina Mendoza, de la Corte de Apelación Penal de San Pedro de Macorís, envió a juicio de fondo al suspendido alcalde Juan Antonio Adames Bautista, así como a Rafael Augusto Rocha Trinidad, Remigio Antonio Pilier Mercedes, Francisco Severino Nolasco y Michael Ferreyra Berroa, en sus calidades de extesoreros, encargado de compras y de obras municipales, respectivamente.

“Con decisiones como estas, con las cuales los jueces permiten ventilar los casos en un juicio de fondo, se fortalece la lucha impulsada para perseguir y combatir la corrupción administrativa en el país”, sostuvo el procurador.

Dijo esperar que en este caso impere la justicia y la verdad, “son casos en los que se necesita llegar al fondo y que sean esclarecidos, es tiempo ya de dar respuestas contundentes a este flagelo, tal y como lo espera la sociedad”.

Domínguez Brito sostuvo que cuentan con pruebas para demostrar los hechos imputados en contra del exalcalde de La Romana y los demás funcionarios de esa entidad, las cuales, dijo, han sido obtenidas mediante una ardua labor de investigación, dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

“Se hace necesario que en el país se castiguen casos como esos que impiden que nuestra sociedad alcance desarrollo pleno, de dejar claro que todo el que incurra en ese tipo de actuación tendrá que enfrentar la justicia”, enfatizó.

Los imputados, todos bajo arresto, son acusados de violar los artículos 145, 147, 150, 151, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de falsificación y uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y la asociación de malhechores en perjuicio del Estado.

En el mes de noviembre del año 2013, la PEPCA obtuvo órdenes arrestos y allanamientos, logrando reunir en el transcurso de la investigación diferentes elementos probatorios que comprometen la responsabilidad penal de los imputados.

A partir de ahora, el Ministerio Público está a la espera de que se fije la fecha para el conocimiento del juicio de fondo en la jurisdicción especial del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.

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