PANAMA.- Panamá salió a la defensa de su tradicional actividad financiera ante el impacto generado por las revelaciones de documentos filtrados de uno de sus bufetes más conocidos en la creación de empresas de papel en ultramar.

Las autoridades del país centroamericano, cuya economía se basa primordialmente en los servicios, se activaron junto a la comunidad empresarial y jurídica para enfrentar los posibles perjuicios tras la publicación de millones de documentos de la firma Mossack Fonseca sobre transacciones financieras extraterritoriales.

“No vamos a aceptar que se use a Panamá como ‘chivo expiatorio’ de las acciones y responsabilidades de terceros”, dijo el ministro de la Presidencia, Alvaro Alemán, quien no está de acuerdo en que las publicaciones se hayan bautizado como “Panama Papers” o los documentos de Panamá. Hay otra veintena de jurisdicciones con ventajas fiscales que se mencionan en los informes, refirió.

La filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales de la firma de abogados revelan detalles de cómo varias personalidades en el mundo, entre ellos jefes de Estado, canalizan sus activos hacia sociedades de papel en jurisdicciones con beneficios impositivos.

“Rechazamos que se quiera pisotear el nombre de Panamá ignorando la participación en operaciones offshore de instituciones e individuos de otras naciones”, agregó el ministro, junto a otros altos colaboradores del gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

La administración panameña sostiene que se están ignorando las reformas que ha realizado en los últimos años para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en su plaza financiera y comercial, que le permitieron a comienzos de año salir de una lista de países no colaboradores del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El gobierno advirtió, al mismo tiempo, que tomará medidas restrictivas comerciales contra aquellas naciones que coloquen al país en listas de paraísos fiscales o “discriminatorias”. Francia anunció el martes que volverá a insertar al país centroamericano entre un grupo de naciones calificadas como paraíso fiscal.

El pronunciamiento oficial sigue a las declaraciones formuladas por el presidente Juan Carlos Varela en la víspera en el sentido de que su administración saldrá a defender su plaza, pero que al mismo tiempo colaborará expeditamente con cualquier requerimiento que hagan gobiernos en investigaciones que surjan tras las revelaciones de los documentos de la firma panameña.

El bufete en el centro del escándalo ha dicho que su papel se circunscribe a la estructuración legal de las compañías fachada y que no tiene que ver con las actividades que realicen en el exterior, aunque algunos miembros de la comunidad jurídica del país cuestionan ese argumento y exigen más responsabilidad.

El ex canciller panameño Jorge Eduardo Ritter, en declaraciones al canal de la televisión local Telemetro, consideró que el gobierno panameño no ha valorado en toda su magnitud las repercusiones que podría tener las revelaciones de los millones de documentos confidenciales del bufete panameño.

Dijo que “se refugian en un patriotismo” y que el gobierno de Varela no ha dado muestras de buscar desvincularse de la firma panameña. El gobierno ha remarcado que Fonseca, uno de los socios fundadores del bufete, se desligó hace poco como ministro consejero del presidente y como líder interino del partido gobernante.

El Ministerio Público o fiscalía general anunció el lunes una investigación tras la divulgación masiva de los llamados “Papeles de Panamá”. AP

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