SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público declaró inadmisible la querella incoada por el Centro Cultural Dominico haitiano, (CCDH), contra los jueces de la Junta Central Electoral, tras haberse comprobado que los querellantes no han identificado o descrito ningún hecho de naturaleza delictuosa cometido por los funcionarios públicos a que en forma precaria alude la querella.

El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez y miembros titulares Rosario Graciano de los Santos, Cesar Feliz Feliz, solicitaron al procurador general de la República la inadmisibilidad del caso.

De igual forma, pidieron en el “improbable caso de no acoger sus conclusiones, desestimar la querella incoada por el citado centro contra los jueces de la JCE que incluye caso en su totalidad el Código Penal Dominicano, y pronunciar el archivo Definitivo conforme lo establece el referido código.

Sostienen los jueces que el Ministerio Público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado porque “es manifiesto que el hecho constituye una infracción penal”.

Los magistrados depositaron ante Secretaría General de la PGR, los medios de defensa y/o escrito de contestación a la querella presentada por el CCDH, por supuesto desacato a la ley 169 del año 2014, sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional, entre otras violaciones.

Ante la acusación, en sus escritos de defensa los abogados de la JCE, Alexis Duiclo Garabito, Joel Ortega, pedro Reyes Calderón y José Fernando, Pedro Vólquez, califican la querella de “marras” por pretender atribuirle al presidente y miembros de la Junta la presunta comisión de promoción y fomento de la Apátrida, al artículo 69 de la Constitución.

Expresan que la CCDH atribuye violación al derecho procesal penal, y a la tutela judicial efectiva, sin establecer que exista un proceso penal en curso, ni la calidad de órgano del tren judicial de los querellados.

En su querella, dicen, “atribuyen violación al derecho a la libertad y libertad de tránsito, sin embargo, tampoco han establecido en que consiste la violación que alegan una vez que los querellantes se encuentran disfrutando la libertad, y nadie ha sido coartado de circular libremente en el país”.

En sus escritos los abogados de la Junta Central Electoral, destacan que conforme al relato factico expuesto por los ciudadanos que han emprendido el querellamiento, puede apreciarse que el espacio de tiempo que fue elaborada la instancia que han “denominado querella no corresponde con la fecha de su depósito“.

Estos, aclaran, se traduce una acción tardía o realizada con otros propósitos ajenos al interés de la justicia dominicana, pues señalan hechos que han sido superados como consecuencia de los trabajos efectuados en aplicación de la Sentencia del TC 168-13.

“No habiendo señalado los querellantes ninguna conducta de naturaleza penal, sino que se han limitado a relatar sus apreciaciones personales sobre un tema tan sensitivo que ha sido altamente debatido, ponderado y resuelto legal y jurisdiccionalmente por los poderes públicos, carece de sentido abrir una investigación por dichos argumentos”.

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