SANTO DOMINGO.- En el Plan de Regularización de Extranjeros que ejecuta el Gobierno dominicano existe una gran “hipocresía y una doble moral”, debido a que se critica su entrada a República Dominicana pero se les contrata para realizar diferentes labores, así lo afirmó este martes el  presidente del Partido Alianza por la Democracia (APD), Max Puig.

Asimismo, consideró que a su entender “varios grupos dentro de República Dominicana empujaron la decisión de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional Dominicano”,  y señaló que la sentencia 168-13 complica las cosas porque es un fallo inhumano.

Recordó que desde la época de Trujillo tanto el Gobierno como los empresarios permitían la entrada de haitianos y les contrataban para trabajar en territorio dominicano.

El dirigente político criticó que menos del 2% de los inscritos en el Plan Nacional de Regularización han recibido su carnet, quedando 50 mil dominicanos de origen haitiano que aún no tienen sus papeles.

Informó que según un estudio el 60%  de los haitianos entró al país en el período 2006 al 2012, y gran parte “volvió después que Leonel Fernández entró al poder en el 2004, porque el expresidente aprobó la Ley de Migración”.

Al ser entrevistado por el periodista Salvador Holguín el dirigente político recordó que en el 1990 el país fue sancionada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por maltrato a los trabajadores haitianos.

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