SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República, Hipólito Mejía dijo que el país no puede continuar con el aparato judicial que tiene en este momento debido a que no garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía ni a los inversionistas locales  y extranjeros, necesarios para impulsar el desarrollo sano y sostenible de la economía del país.

Expresó  que la República Dominicana está muy cuestionada a nivel internacional, debido a ese problema, lo que a su juicio, requiere un cambio de actitud de la sociedad, ya que mientras el Partido de la Libración Dominicana (PLD) gobierne, no  es posible cambiar.

Al hablar con periodistas en el Instituto doctor José Francisco Peña Gómez,  manifestó  que no tiene dudas de que  el gobierno de Danilo Medina ha hecho un  pacto amargo para mantener la impunidad, guardando expedientes que son evidenciados por todos los sectores del país como casos graves de corrupción pública, pero que involucran a altos dirigentes del gobierno.

Dijo que esa es una amarga señal que envía el gobierno, al tiempo de expresar su frustración del desempeño del actual Procurador General, Francisco Domínguez Brito, de cuya honestidad no tiene dudas, pero se ha dejado  “tumbar el brazo” de los políticos de su partido para no actuar en esos casos sonoros.

“Ese muchacho es de una familia honesta, él en sí es honesto, pero su desempeño me ha dejado un sabor amargo, por lo que reitero, debería renunciar, ya que se ha dejado ganar el pleito de la corrupción”, apuntó el ex presidente Mejía.

Mejía se mostró de acuerdo con la disposición de sancionar a los miembros del Poder Judicial hayan sido proclive a la corrupción en el desempeño de sus funciones, pero  insistió en que el problema de la justicia  es una enfermedad que ha hecho metástasis en el cuerpo social, de la propia justicia y de la sociedad que ve la impunidad como la práctica gubernamental peledeista.

Citó  el caso propio, con la acusación que le formuló el senador Wilton Guerrero, el cual ha sido archivado sin otro interese que no sea de negar la justicia que requiere la protección de su honor como ciudadano, pero que la cúpula de la Suprema no ha permitido que se conozca el expediente.

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