México.- El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, llamó hoy a “romper la alianza entre el crimen y el poder” para alcanzar la paz en México, al presentar el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala” relativo de la desaparición de 43 estudiantes el año pasado.

“No tenemos que esperar para ello a que suceda otro caso de igual o mayor gravedad. El momento de actuar es ahora y con ello se daría sentido y significado al dolor, al sufrimiento y a la indignación que este caso ha generado”, declaró González en conferencia de prensa.

Afirmó que en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, “se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada”.

El ombudsman sostuvo que México no es el mismo después de los hechos de Iguala, que forman por su naturaleza el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos, además de un cúmulo de crímenes de todo orden, en la memoria reciente del país.

En este contexto, como consecuencia de la revisión de la información con que cuenta la CNDH sobre la actuación de las autoridades después de los hechos, la Comisión advierte en el documento la necesidad de aplicar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a la víctimas y a sus familiares.

Por diversas razones, señala, a la fecha estas personas no han recibido toda la atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho conforme al marco normativo vigente en México.

Asimismo, subraya la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, incluyendo la ejecución de órdenes de aprehensión, que se estima que serían de utilidad para lograr una investigación exhaustiva e integral de los hechos.

Advierte también la falta de medidas que contribuirían a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el municipio de Iguala.

El documento plantea en total 32 observaciones y propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local), que buscan contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos de Iguala, requisito indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la justicia, condición necesaria a su vez para que los hechos no se repitan.

González expuso que la CNDH presentó el documento de forma previa a sus consideraciones definitivas, y que la gravedad de los hechos, su complejidad y su hondura obligan a mirarlos con un enfoque de derechos humanos, lo que no deja de lado la exigencia de que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes cometieron delitos.

Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) informó en un boletín que recibió este jueves el documento de la CNDH, y prometió que atenderá sus observaciones y recomendaciones.

“La PGR reitera su compromiso de continuar con una investigación profunda, exhaustiva y transparente, tendente al esclarecimiento puntual de estos hechos”, afirmó la institución.

Asimismo, reiteró “su interés de seguir colaborando con el organismo nacional de los derechos humanos, a fin de preservar el acceso a la justicia y los derechos fundamentales de los estudiantes desaparecidos, así como de sus familias”.

De acuerdo con la versión oficial de los hechos, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de una escuela rural para maestros fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Seis personas murieron, incluidos 3 alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron sus restos en un tiradero de basura.

Sin embargo, los familiares de los desaparecidos no creen en esta versión y exigen que se investigue el presunto papel de fuerzas federales en la tragedia.

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