SANTO DOMINGO.-El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo este martes 28 de julio, que confía en en la buena voluntad del Congreso para crear una Ley para el Control y Regulación de Armas de Fuego que realmente contribuya a la reducción de la violencia y la criminalidad.

Informó que plantean sanciones de hasta 50 años de prisión para aquel que maté a una persona con un arma ilegal en un robo o un atraco, por lo que esperan que dichas propuestas sean acogidas de manera positiva.

Pidieron además que la pena establecida en el artículo 67 de 5 a 10 años de privación de libertad, sea elevada de 10 a 20 y que los militares que presten un arma para la comisión de un delito sean castigados con pena de 5 a 10 años de privación de libertad.

El proyecto indica que la fabricación ilegal de armas de todo tipo será castigada con una pena principal de 8 a 12 años de prisión, más el pago de cincuenta salarios mínimos y el decomiso de todos los medios y bienes materiales, muebles e inmuebles utilizados para su fabricación

Tras Domínguez Brito solicitar la semana pasada que le sea realizada varias modificaciones a dicho Proyecto de Ley para el Control y Regulación de Armas de Fuego, luego de ser enviado al Senado de la República, el diputado y propulsor Víctor Bisonó manifestó que llevaba unos 10 años discutiéndose antes de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados.

Asimismo, recordó que la actual legislación en esa materia cumplirá 50 años en octubre próximo siendo ya una ley obsoleta.

El proyecto indica que la fabricación ilegal de armas de todo tipo será castigada con una pena principal de 8 a 12 años de prisión, más el pago de cincuenta salarios mínimos y el decomiso de todos los medios y bienes materiales, muebles e inmuebles utilizados para su fabricación.

Dice además que quienes tengan licencia de arma de fuego y la exhiba en lugares públicos, se expone a una pena de tres meses a un año, porque crea un ambiente de peligro.

En tanto, el jefe del Ministerio Público refirió nueva vez que de no ser modificada esta empeoraría la situación en el país y estimularía el comercio de armas, reviviendo nueva vez la industria y la oferta del negocio de ventas de armas y municiones en la República Dominicana, que había sido limitado a partir del Decreto No. 309-06, de fecha 24 de julio del 2006.

Reunión

Este miércoles 29 de julio se efectuará una reunión entre el diputado Bisonó y el procurador Domínguez Brito, donde se llegarán a posibles acuerdos para salvar la propuesta que ahora está en el Senado de la República.

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