La Romana.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre que supuestamente formaba parte de una red que se dedicaba a la organización de viajes ilegales desde República Dominicana hacia Puerto Rico.

La medida de coerción fue impuesta al nombrado Margarito Jiménez Sánchez (Mon o Ramón), por existir elementos de pruebas suficientes que lo vinculan al tráfico ilícito de inmigrantes agravado.

Dicha organización alegadamente tenía como finalidad principal gestionar la captación, inducción y planificación de viajes ilegales, transportando personas tanto dentro como fuera del país, por vía terrestre y marítima, sin cumplir con los requisitos legales y evitando los controles de ley, obteniendo de dicha actividad cuantiosos beneficios.

Según se ha establecido en el proceso de investigación Jiménez Sánchez al parecer era la persona que se encargaba de organizar y dirigir los viajes ilegales que se organizaban desde República Dominicana.

La Procuraduría Fiscal de La Romana, encabezada por Reyna Yaniris Rodríguez, solicitó vía el fiscal Víctor Ramón Camacho Padua, que al imputado le fuera impuesta la medida de coerción contenida en el ordinal 7mo. del articulo 226, consistente en prisión preventiva por espacio de tres meses, por presuntamente haber violado lo establecido en los artículos 2 y 7 literal C y D de la Ley 137-03 sobre sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Camacho Padua dijo que al momento del arresto del procesado éste fue sorprendido tratando de descargar una embarcación de fabricación artesanal y clandestina en el lugar conocido como la desembocadura de La Represa, la cual al ser requisada tenía un motor fuera de borda marca Yamaha, seis garrafones de gasolina, tres fardos de funda de agua, seis bujías, alicates, destornilladores y llaves, entre otros objetos.

Precisó que al registrar el vehículo tipo camión en el que se transportaba fue encontrado en su interior un contrato de venta, dos libretas de ahorro, un conduce, un recibo de cobro y otros documentos.

El tribunal ordenó que la medida cautelar sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama que funciona en la provincia La Romana.

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