Marisol Vicens Bello
Marisol Vicens Bello

Por Marisol Vicens Bello

A pesar de que todo el que tiene un mediano conocimiento del tema anticipaba lo que podría ocurrir e incluso así se lo habían advertido, el gobierno dominicano luce sorprendido por las repercusiones internacionales que ha tenido el fin del plazo establecido para la regularización de los extranjeros y, peor aún, no preparado para lograr mitigar sus consecuencias.

Resulta paradójico que un gobierno que ha sido tan efectivo para manejar una poderosa maquinaria de comunicación a lo interno de nuestra sociedad, que se percibe abarca todos los temas de su interés; haya sido incapaz de realizar un adecuado plan de comunicación internacional a lo largo de todo el proceso de regularización llevado a cabo, como si no eran previsibles las reacciones a nivel internacional que tendría un tema tan importante como este.

Y es que las autoridades dominicanas a lo largo de nuestra historia han actuado como si solo contara la opinión nacional que es la que genera votos, por eso durante décadas hicieron caso omiso de las denuncias en contra nuestra que se hacían en organismos internacionales y permitieron que se construyera una mala imagen de este país como explotador de nuestros vecinos haitianos, salpicada de racismo; en parte por no asegurar una adecuada defensa y por otra parte por una cadena de acciones inadecuadas y omisiones.

“Durante años nuestras autoridades simplemente no hicieron ningún esfuerzo por aplicar las leyes migratorias y fueron promotoras, cómplices y apañadoras del tráfico de inmigrantes para suplir la mano de obra barata que requería el país”

Los problemas migratorios afectan a casi todas las naciones y debido a las grandes asimetrías existentes entre los países son prácticamente indetenibles. Por nuestra especial condición de isla compartida por dos Naciones cultural, económica y racialmente distintas, nuestro problema es particular porque se focaliza en una sola inmigración, la de los haitianos, que dada su condición de país más pobre de la región y uno de los más pobres del mundo, siempre colocará a la República Dominicana en una situación de desventaja a nivel de opinión pública.

Si a eso se le suma que durante años nuestras autoridades simplemente no hicieron ningún esfuerzo por aplicar las leyes migratorias y fueron promotoras, cómplices y apañadoras del tráfico de inmigrantes para suplir la mano de obra barata que requería el país; era totalmente previsible que al tratar de regularizar lo que durante años simplemente se dejó pasar, iban a surgir todo tipo de ataques, unos sin razón, otros con ella.

Es cierto que las actuales autoridades han tenido que cargar con las consecuencias de los errores fundamentales de la sentencia 168-13 y los demás cometidos por gobiernos anteriores, pero a pesar de sus esfuerzos en llevar a cabo un plan de regularización indiscutiblemente necesario y de haber demostrado flexibilidad para poder aplicarlo venciendo los escollos de la falta de colaboración de las autoridades haitianas, fallaron en no tener una verdadera planificación para realizar el plan de regularización y para afrontar cada una de sus predecibles consecuencias.

No es tiempo de ofenderse sino de defenderse, y la mejor defensa siempre será no bravuconerías y declaraciones destempladas, sino calculadas líneas de acción que lleven a todos los espacios que durante años nunca han sentido nuestra voz, una posición fundamentada en los hechos y la ley, acompañada de un accionar rigurosamente orquestado para asegurar que todo se haga de la forma correcta, respetando los procesos y evitando los errores, para que no terminemos como verdugos del drama humano que intentamos tardíamente regular.

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