Argentina's President Cristina Fernandez speaks during a signing agreements ceremony at the government house in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, Jan. 25, 2012. Fernandez is back on the job after taking medical leave for surgery on her thyroid to deal with what turned out to be a false cancer scare. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Buenos Aires, (EFE).- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que acudió hoy a declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho, negó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una “maniobra político-judicial” contra ella.

La exmandataria, acusada junto a sus hijos y varios empresarios de la obra pública de delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, acudió a los tribunales federales de Buenos Aires citada por el juez Claudio Bonadio.

Aunque no declaró ni contestó preguntas, la exmandataria presentó un escrito y se marchó sin dar declaraciones a la prensa. “Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza”, remarcó Fernández en el texto divulgado a través de sus cuentas en las redes sociales.

En el extenso escrito, titulado “De la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional”, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner reitera que se siente objeto “de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes” en el país. “Al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última”, dice Fernández, imputada en varias causas y procesada judicialmente en dos- una que investiga operaciones del Banco Central bajo su gestión y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.

El expediente por el que fue citada hoy investiga si la inmobiliaria Los Sauces se dedicaba a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias. “Los contratos de alquiler (…) pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero. Tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa”, asevera la ex jefa de Estado.

“Se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario”, subraya Fernández, quien reclama tener “derecho a ser juzgada” por “un juez imparcial”.

En su opinión, se trata de una circunstancia “que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa, como es de público y notorio”. “Sólo las presiones que desde el Poder Ejecutivo se ejercen sobre los jueces (…) han permitido que V.S. continúe al frente de esta causa y como titular de este Juzgado”, sentencia en el escrito presentado a Bonadio. “A esta altura ya tenemos dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas- contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública.

Un verdadero escándalo jurídico y político”, reprocha Fernández. Por último, advierte de que por la persecución a la que se ve sometida podría acudir a la Corte Suprema y a organismos internacionales de justicia. EFE

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