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La Oficina de Atención Permanente fijó para este martes a las 5:00 de la tarde, la audiencia para conocer la medida de coerción a la señora Reina Margarita Núñez de Ramírez, quien está acusada de recibir un cheque por 47 millones de pesos del Ministerio de Educación (MINERD), por la supuesta venta de un terreno de utilidad pública.

Los abogados Cándido Simón, Yoedison Alcántara y José Padilla, tras la suspensión de la audiencia, informaron “su alegría por la suspensión, ya que eso permitirá que el propio Ministro de Educación tenga que venir a los tribunales a explicar esa compra de unos terrenos que fueron declarados por Danilo Medina, el 18 de diciembre del 2013 de utilidad pública”.

Mientras el Ministro de Educación,  representado por cuatro abogados pide prisión preventiva y apertura a juicio contra los nombrados Reina Margarita Núñez de Ramírez y Benito Ramírez Cabrera.

Sostiene Simón: “Debe el Ministerio Publico explicar  bajo que circunstancia compro y erogó un cheque de 47 millones de pesos por unos terrenos que no fue Reina quien los vendió porque no es propietaria, sino una compañía Detier, C. Por A.”.

Al tiempo de preguntarse cómo se explica que estén investigando a Reina margarita Núñez Ramírez y no a Ramón Benito Ramírez Cabrera quien fue el vendedor; cómo explicar que la Consultoría Jurídica del Ministerio de Educación no hiciera las investigaciones de lugar?

Cándido Simón dijo que este martes requerirá formalmente el requerimiento ante los tribunales para que comparezca a la justicia y explique al país de la situación.

En rueda de prensa, explico que “la información que tengo es que esa compra fue hecha con copias, lo que se hizo fue con contrato de venta sin transferir y la transferencia no se había hecho y el título original de esos terrenos existe a nombre de la compañía propietaria de dichos terrenos.

Hizo críticas al Ministerio de Educación por “haber llevado al Presidente de la Republica, Danilo Medina a esta situación, esto ya es preocupante”.

Sin embargo, vaticino que dos cosas han de pasar: este tipo de caso penal no pasan de dos años de prisión; y no hay evidencia de que fuera Reina que hiciera la venta y tampoco hay pruebas de que ella sea propietaria de esos terrenos por lo que llama poderosamente la atención de que el Ministerio de Educación, a sabiendas  de que esos terrenos son de utilidad pública haya procedido a comprarlos por 47 millones de pesos”.

    Educación presenta querella

Durante la audiencia en la que se conocería la medida de coerción a la señora  Reina Margarita Núñez Ramírez, fue presentada una querella formal ante el juez Luis Borges, por  parte del Ministerio de Educación, la cual fue saludada por Cándido Simón, quien afirma que la misma obligará al ministro Carlos Amarante Baret a presentarse al tribunal.

La querella dirigida a los magistrados Procurador General de la Republica, Fiscal del Distrito Nacional en contra de  Ramón Benito Ramírez Cabrera y Reina Margarita Núñez de Ramírez la firman los abogados Manuel Fermín Cabral, Juan Manuel Guerrero, Guillermo Sterling y Pedro Balbuena.

Según el Ministerio de Educación, en su querella dice que “El Ministerio de Educación suscribió contrato marcado con el numero 3164 notarizado por Elsa Pérez contentivo de compra-venta de inmueble, en el que Ramón Benito Ramírez Cabrera y Reina Margarita Núñez de Ramírez cedieron en la totalidad de los derechos de propiedad que, supuestamente, les asistían en virtud del acto de venta  de fecha 8 del 1999, suscrito por Osvaldo González Figueroa, accionista de la sociedad comercial Detier”.

Los terrenos por lo que el Ministerio de Educación compro por 47 millones de pesos es una porción de terrenos con un área de 15,000 metros cuadrados dentro del ámbito de la parcela Numero 61-AREF, del DC. 04 del Distrito Nacional.   Esos terrenos fueron declarados de utilidad pública para la construcción de edificaciones escolares,explica en la querella ME.

El Ministerio de Educación pide apertura a juicio contra Ramón Benito Ramírez y Reina Margarita Núñez Ramírez por violación a los artículos 145, 148,150,151,165 y 405 del Código Penal Dominicano y los literales a, b, y c, del artículo 3 de la Ley 72-02 sobre lavado de Activos, en perjuicio del Educación.

También , solicita  apertura a la correspondiente investigación preparatoria para con ello formular acusación y requerir la apertura a juicio, asi como la medida de coerción de prisión preventiva, en vista de la gravedad de los hechos y del supuesto “latente peligro de fuga que presenta Reina Margarita Núñez”.

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