Dos destacadas catedráticas de derechos humanos en la Escuela de Leyes de la Universidad Berkeley en California, pidieron en un artículo publicado el domingo 5 de julio en el New York Times, excluir a la República Dominicana de su membresía en foros internacionales como la ONU, la OEA, el CARICOM y otros organismos multilaterales, como forma de aumentar la presión para impedir las deportaciones programadas de quienes llaman apátridas, definiéndolos como hijos de haitianos nacidos en suelo dominicano “y a los que se les ha negado la nacionalidad”.

 “La República Dominicana debe poner un alto a las redadas esporádicas y expulsiones sumarias”, dijeron las doctoras Roxanna Alholtz  y Lauren E. Fletcher en el artículo. Revelaron que Estados Unidos entregó $30 millones de dólares al gobierno del presidente Leonel Fernández en el 2012  para contribuir a detener una crisis humanitaria en Haití, como resultado de la situación migratoria de los haitianos y sus hijos nacidos en la República Dominicana.

“Una crisis de derechos humanos se está desarrollando en la isla de La Española, compartida por la República Dominicana y Haití”, agregan las profesoras universitarias.

Dicen que “la República Dominicana está amenazando con expulsar a cientos de miles de haitianos que viven y trabajan en la República Dominicana. Muchos de ellos llegaron a trabajar en la industria azucarera, la construcción y el turismo”.

Sostienen que de un estimado de 450.000 inmigrantes haitianos en el país, 290.000, algunos fallaron  en  presentar sus documentaciones para registrarse, antes de la fecha límite del 17 de junio (que al parecer se ha extendido).

“Pero hasta ahora, a menos del 2 por ciento de ellos se les ha concedido estatus legal. Aunque la amenaza del país a deportar a los haitianos en masa aún no se ha materializado, muchos trabajadores ya han huido a Haití; la República Dominicana puso recientemente el número en alrededor de 30.000”, indica el artículo.

“Estos migrantes no son los únicos que se enfrentan a un futuro incierto en la República Dominicana. Decenas de miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, cuyos padres o abuelos habían cruzado la frontera en busca de oportunidades económicas, viven en un limbo legal. Hasta el 2010, la Constitución concedía ostensiblemente la ciudadanía a toda persona nacida en el país. Pero muchos dominicanos fueron excluidos debido a que sus padres se consideraron que habían estado “en tránsito” en el momento de su nacimiento”, precisan las catedráticas.

“Por otra parte, las autoridades negaron sistemáticamente documentos y tarjetas de identificación a los dominicanos de ascendencia haitiana, sin justificación, a menudo sobre la base de sus apellidos franceses o criollos o de su tez de la piel. Como resultado, estas personas – junto con los trabajadores migrantes haitianos – han vivido con el temor constante de expulsión arbitraria a Haití”, explican.

Recuerdan los casos de hace más de 10 años, de dos niñas de ascendencia haitiana, que demandaron a la República Dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desafiando a los requisitos onerosos y costosos con los que sus padres haitianos trataban de obtener certificados de nacimiento de sus hijos nacidos en Dominicana, pero sin esos documentos, los niños no podían asistir a la escuela pública, casarse, tener propiedades o votar.

“En 2005, el tribunal interamericano ordenó al gobierno dominicano a reconocer la nacionalidad de estos niños y expedirles  certificados de nacimiento, pero el país apenas ha cumplido”, refieren las catedráticas.

“Casi inmediatamente después de la decisión, un pequeño grupo de políticos racistas, ultranacionalistas orquestaron una campaña agresiva contra la decisión. La legislatura modificó la Constitución en el 2010 para excluir a los niños de los migrantes indocumentados de la ciudadanía. Un tribunal despojado retroactivamente la ciudadanía de las personas de ascendencia haitiana, que se remontan a la década de 1930”, recuerdan las profesoras.

Explican que “después de una protesta, el gobierno dio marcha atrás. Para salvar la cara, creó un plan para restaurar la ciudadanía a los que habían sido despojados de ella, y la legalización gradual de los migrantes haitianos que habían hecho sus vidas en la República Dominicana”.

Añaden que “pero entonces el gobierno saboteó su propio plan al exigir que los migrantes pobres – que ganaban menos de $ 11 por día en la economía informal – proporcionan documentos como talones de pago, cartas de empleo o prueba de propiedad de la vivienda a fin de obtener papeles de residencia”.

Acusan a la República Dominicana de tener una larga y brutal historia de expulsiones masivas de haitianos, y recordaron que en 1937, el dictador Rafael Trujillo ordenó la masacre de decenas de miles de ellos.

“La palabra en Santo Domingo ahora es la de que el gobierno está a punto de deportar a los haitianos en masa. Redadas anteriores se han llevado a cabo bajo el amparo de la noche. Las personas fueron arrojadas de sus camas, sin tiempo para recoger sus pertenencias o mostrar los papeles que tenían. Los padres fueron separados de sus hijos, esposas de sus maridos, los ciudadanos de su patria”, critican las doctoras Alholtz y Fletcher.

“Sí, la República Dominicana es un país en desarrollo, y no es la única nación que maltrata a los migrantes y las personas apátridas. Pero durante décadas, los haitianos y sus descendientes han servido como chivo expiatorio para los políticos dominicanos que les culpan de la pobreza, la enfermedad y el crimen”, alegan.

“La República Dominicana debe poner un alto a las redadas esporádicas y expulsiones sumarias. Si no lo hace, la comunidad internacional debe intervenir”, reclaman las autoras del artículo.

Agregan que las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos deben solicitar que los observadores internacionales estacionados a lo largo de la frontera y en los centros de detención disuadan abusos contra los derechos humanos.

“Si los dominicanos se resisten, deben ser rechazados en los foros internacionales. Los Estados Unidos, que dio cerca de $ 30 millones en ayuda a la República Dominicana en 2012, deben ayudar a prevenir un desastre humanitario”, concluye el artículo.

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