SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, reiteró este viernes ante la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el gobierno del presidente Danilo Medina ha establecido los mecanismos de control para garantizar que no ocurran deportaciones masivas de extranjeros en situación migratoria irregular, violaciones a los Derechos Humanos y casos de apatridias durante la ejecución del Plan de Regularización de Extranjeros.

Recordó   que el proceso ha permitido que más de 288 mil personas con situación migratoria irregular hayan podido iniciar su proceso de regularización y están en camino de recibir su  estatus legal.

Al darle la bienvenida a la comisión designada por la OEA para observar el proceso de regularización, en su mayoría haitianos, Navarro precisó que la iniciativa, sin precedente en el hemisferio, con alto costo económico para el país y gratis para los que se acogieron al plan, ha estado estrictamente apegado a las leyes dominicanas y a las mejores prácticas internacionales en materia migratoria.

En su mensaje de bienvenida pronunciado en el Salón de Recibo de la Cancillería, Navarro calificó de “infundadas” las acusaciones que se hacen en contra de la República Dominicana, “pues no es verdad que exista apatridia ni el interés de deportar en ningún grupo de extranjeros en particular, y mucho menos a ciudadanos dominicanos”.

El funcionario refirió que el plan de regularización surgió tras la sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional dominicano, que “en efecto generó preocupación en algunos sectores nacionales e internacionales”.

Expuso que para enfrentar el problema de la aparente retroactividad de la ley, el gobierno del presidente Medina pasó la  ley 169-14 aprobada en el Congreso Nacional, la cual reconoce que las personas posiblemente afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son dominicanos o dominicanas de pleno derecho.

Reiteró que producto de la referida ley, más de 55 mil dominicanos de ascendencia haitiana están reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE), organismo que ha señalado que apenas menos de 0.50% de los registros verificados mostraron alguna irregularidad y que, por lo tanto, esos casos serán dilucidados en los tribunales del país.

“En resumen, decimos y mantenemos que no hay ni un solo caso de apatridia en la República Dominicana”, enfatizó Navarro ante la misión integrada por Francisco Guerrero, Gabriel Bidegain, Steven Griner, Rebeca Omaña, Ian Edwards y Pablo Sandino Martínez.

Expuso que el Gobierno ha hecho un mayor esfuerzo al proporcionarles a aquellos extranjeros carentes de algún documento de identidad, la oportunidad de alcanzar la nacionalidad dominicana en un período de apenas dos años.

Agregó que el proceso de regularización se realizó gratuitamente para los interesados, además de aceptarles una cédula, acta de nacimiento o sólo el pasaporte como documento de identidad, “e incluso, en un acto de alta confianza y condescendencia con el gobierno haitiano, se registraron aquellos que presentaron algún documento provisional de la Embajada de Haití en el país”.

Dijo que a todos los extranjeros que se acogieron al plan se les está documentando a través de una base de datos biométricos que permitirá darles mayor seguimiento y consolidación del ordenamiento migratorio, además de que unos 7 mil estudiantes universitarios de origen haitianos se les ha concedido visa de permanencia hasta por cinco años sin costo alguno para que puedan completar sus estudios.

“Distinguidos visitantes, sepan ustedes que si no se han regularizado más personas no ha sido por falta de voluntad del gobierno dominicano para que se regularicen. Quienes no lo han hecho ha sido o porque el gobierno de Haití no los ayudó proporcionándoles documentos de identidad o bien porque esas personas no obtemperaron a las facilidades para su regularización. Esa es la realidad y toda la verdad”, refirió.

Consideró que, contrario a “las falacias, inventos y descréditos” por parte de algunos sectores en contra de la República Dominicana, “las autoridades haitianas debieran celebrar con el gobierno dominicano porque por primera vez en la historia se ha logrado invertir la pirámides entre inmigrantes irregulares y regulares en el país”.

Indicó que, contrario a lo que se ha especulado en el sentido de que las deportaciones de extranjeros en condición irregular tiene el propósito de sacar dominicanos en condición de apátridas por sus orígenes haitianos, “el gobierno dominicano ha tomado todas las prevenciones de lugar para que, gracias al registro biométrico y la documentación en posesión de los extranjeros regularizados, se eviten cuantos errores humanos imaginables en cuanto se reanuden las deportaciones que fueron suspendidas por decreto presidencial en el 2013″.

Añadió que una evidencia clara de que al país sólo le interesa ordenar la inmigración irregular y no sacar a dominicanos desnacionalizados, es que más de 30 mil haitianos han retornado a su país de manera voluntaria, de los cuales el gobierno de Haití sólo ha podido hablar sin identificar, de una persona de nacionalidad nigeriana.

“La salida voluntaria de nacionales haitianos a su país es eso, voluntaria. Regresan no porque haya algún clima de terror como se puede comprobar en nuestros barrios y campos, donde haitianos y dominicanos conviven de manera pacífica. Es decir, no se trata de deportaciones inducidas o veladas”, expuso.

Dijo que la inesperada salida o retorno voluntario parece responder a tres razones: proteger sus pertenencias, garantizar su futuro regreso legal al país, y porque corrió la voz de que las deportaciones comenzarían tan pronto finalizara el plazo para la regularización voluntaria,  el día 18 de julio, cosa que como se ha demostrado no es cierto.

Navarro reiteró que el gobierno mantiene su disposición al diálogo bilateral como lo han sugerido distintos gobiernos del hemisferio, “pero no sobre la base de difamaciones y alegatos infundados sin verificar. Hemos practicado y promovemos un diálogo franco, llano y eficaz para superar las diferencias con absoluto respeto al ordenamiento jurídico e institucional de Haití y la República Dominicana”.

La comisión gubernamental que encabeza Navarro,  está integrada además, por Alejandra Liriano, viceministra para asuntos de Política Exterior; Luis Henry Molina, viceministro de la Presidencia; Washington González, viceministro de Interior y Policía; los embajadores dominicanos en Washington y Haití, Pedro Vergés y Rubén Sillié, respectivamente, mayor general José Eugenio Matos De La Cruz, comandante del Ejército de la República Dominicana, Rubén Paulino Sem, director de Migración y Josué Fiallo, asesor del Poder Ejecutivo en materia de Derechos Humanos de la Presidencia.

La misión sostendrá reuniones en las oficina del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, además de sostendrá una reunión de trabajo con representantes de otros organismos del gobierno.

Asimismo, sostendrán una reunión con el embajador de los Estados Unidos en el país, James Brewster, además de que realizarán una visita al Centro de Acogida de haitianos ilegales en Haina, en tanto que el sábado se encontrarán con representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil como el Centro Bonó, el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Observatorio de las Migraciones en el Caribe (OBMICA), Save the Children-RD, Foro Feminista, Centro de Planificación y Acción Femenina (CIPAF), Participación Ciudadana y Colectiva Mujer y Salud, entre otros.

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