CHINA.- En una insólita operación represiva, el Gobierno chino ha acorralado a los abogados de derechos humanos más activos y mejor organizados del país y a otros letrados de perfil menor, a través de detenciones, arrestos domiciliarios o interrogatorios simultáneos en múltiples partes del Estado, según denunció una organización no gubernamental.

En cuestión de días, desde el jueves pasado, las autoridades han detenido, puesto bajo vigilancia domiciliaria, interrogado o “hecho desaparecer” a unas 114 personas, entre abogados, trabajadores de bufetes, familiares de éstos o activistas, según los últimos datos recabados por Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG).

Durante los últimos días las cifras no han parado de aumentar y hoy el número de afectados ha superado el centenar, lo que ha provocado la alarma de organizaciones y de la propia comunidad de abogados.

“Sé de lo que queréis hablar, pero no me conviene ahora mismo hacerlo”, explicaba hoy uno de los abogados que ha sido interrogado durante esta campaña pero no arrestado, al ser contactado por Efe, con quien en ocasiones anteriores había hablado sin reparos sobre casos polémicos.

Aunque las autoridades no han detallado su objetivo, sí han explicado los arrestos de miembros del bufete Fengrui de Pekín, una firma que, desde que fue establecida en 2007, ha llevado los casos de derechos humanos más importantes que han tenido lugar en el país.

Su director, Zhou Shifeng, ha aceptado trabajos como el de Zhang Miao, la asistente china de la corresponsal del semanario Die Zeit arrestada por apoyar las protestas prodemocráticas de Hong Kong, y quien fue puesta en libertad la semana pasada, según confirmó el propio Zhou a Efe, poco antes de que le detuvieran.

Bajo su mando, además, la prominente abogada Wang Yu, conocida como “la defensora de los desfavorecidos”, defendió el caso del intelectual uigur Ilham Tohti, condenado a cadena perpetua en pleno estallido de la violencia entre las etnias uigur y han en la región de Xinjiang, y a Cao Shunli, activista que falleció en la cárcel tras serle negado el acceso a tratamiento médico.

Wang, quien también ha sido arrestada en esta campaña, además defendió casos del movimiento religioso Falun Gong, ilegalizado en China y considerado una secta por el Gobierno, cuando sus adeptos se acercaban al número de seguidores del propio Partido Comunista y uno de los temas tabú hoy en el país.

En total, han sido arrestados cuatro abogados de Fengrui (Wang Yu, Zhou Shifeng, Wang Quanzhang y Huang Liqun), además del conductor de este bufete, Liu Sixin, y del marido de Wang Yu, Bao Longjun.

Las autoridades tacharon a Fengrui de “banda criminal” y alegaron, en un comunicado publicado el fin de semana, que los abogados utilizaron esta plataforma para “alterar el orden social”, organizando protestas con peticionarios y otras personas por dinero desde 2012.

El Gobierno destaca el controvertido caso en el que un peticionario murió por un disparo de un policía en el provincia norteña de Heliongjiang, que causó entonces un gran debate en la red, y que, según las autoridades, fue una conspiración orquestada por abogados de Fengrui ayudados por activistas por internet como Wu Gan, quien recabó testimonios y fue detenido en junio.

De momento, no se han publicado cargos contra los arrestados, a excepción de Sui Muqing, letrado del sur de China acusado de “incitar a la subversión del Estado” y puesto bajo arresto domiciliario.

“El objetivo de la campaña es Fengrui, pero también quieren mandar un mensaje al resto: no aceptéis casos conflictivos, no uséis las redes sociales”, opina William Nee, investigador de Amnistía Internacional en China.

Nee recuerda que la campaña llega en un momento de mayores protestas y después de que los abogados dedicados a este campo hayan conseguido una buena organización y un exitoso uso de las redes sociales e internet.

Maya Wang, investigadora de Human Rights Watch, coincide con Nee y denuncia que las autoridades están tachando de “criminal” actividades totalmente pacíficas de letrados y activistas, que han resultado ser una medida exitosa para hacer que las autoridades rindan cuentas.

Lo preocupante, alerta Wang, es ahora la repercusión que tendrá la campaña: “El impacto va mucho más allá de la persecución a abogados, será el descrédito a toda la comunidad de defensores de los derechos”.

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